“El Gobierno es consciente de la coyuntura especialmente difícil a la que se enfrentan las familias que pierden su vivienda y siguen debiendo dinero al banco porque su valor no es suficiente para cubrir lo que resta de hipoteca”. Son palabras pronunciadas por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en su intervención inicial durante el Debate sobre el Estado de la Nación. Allí mismo ha anunciado que se aprobarán “nuevas medidas de protección” para los ciudadanos con problemas para hacer frente al pago de sus préstamos firmados para la compra de casa.
“En las próximas semanas, aprobaremos nuevas medidas de protección de las personas sujetas, por imposibilidad de atender a sus compromisos, a procedimientos de ejecución hipotecaria, que serán compatibles con los imperativos de seguridad jurídica y de solvencia de las entidades prestatarias”. No ha concretado nada más sobre estas “nuevas medidas”.
El presidente del Gobierno también ha recordado que “en abril de 2010 se aumentó la cantidad mínima de ingresos de las familias que no puede ser embargada”. Esto es lo que se conoce como sueldo inembargable: cantidad de salario ‘intocable’, que no se puede confiscar a un embargado tras haber perdido la casa aunque siga obligado a rendir cuentas con el banco.
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Este sueldo inembargable pasó de ser el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) al SMI más el 10%. Además, a dicha cantidad, como novedad también, hay que sumar un 20% más por cada persona que el afectado tenga a su cargo. A pesar de recordar esta medida ya como una realidad, Zapatero ha dejado claro que su Gobierno hará “un nuevo esfuerzo en este sentido” dentro del que ha enmarcado las “nuevas medidas de protección” para hipotecados en una situación económica delicada.
Recientemente en la Cámara Baja se ha puesto en marcha una subcomisión para estudiar los “elementos de mejora” en el sistema hipotecario español y “en particular” respecto a aquellas condiciones (cláusulas) que puedan ser consideradas “abusivas”. Se prevé que tenga cerrado un paquete de recomendaciones a finales de 2011. Entre los puntos a tratar, la polémica dación en pago -que la entrega de vivienda salde por completo la hipoteca- y que el Gobierno ha rechazado desde el primer momento que se planteó el debate. El Congreso también ha votado varias veces en contra de ésta.
El último dato publicado al respecto apuntaba a 21.787 ejecuciones hipotecarias durante el primer trimestre de 2011, según el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Una elevada cifra que sin embargo es un 21% inferior a la registrada en el mismo periodo de 2010. Un ejercicio en el que se batió un nuevo récord con casi 100.000 ejecuciones hipotecarias. Desde 2007, la Justicia española ha ejecutado 293.357 hipotecas: 25.943 en 2007, el primer año de la crisis; 58.686 en 2008, 93.319 en 2009 y 93.622 en 2010.