Los días de especulación con las viviendas de protección oficial están llegando a su final.

Varias comunidades autónomas se están poniendo firmes ante un fenómeno bien conocido en los corrillos populares y hasta la fecha impune y libre de sanciones por parte de la administración.

Los ayuntamientos de Barcelona, Madrid o Bilbao entre muchos otros, se encuentran en plena fase de ampliación de cuerpos inspectores para seguir persiguiendo las infracciones cometidas por los adjudicatarios de las viviendas.

Así, se va a investigar desde el subarriendo de las viviendas o la venta ilegal de éstas, hasta el abandono de los inmuebles.

Paradójicamente y tal vez contrario a lo que pueda pensarse, la conducta más repetida por los infractores y de lejos, es la de tener vacía la vivienda, que es lo que ocurre en el 63% de los casos sancionados por los consistorios españoles.